Gobierno y gobernadores pactan Agenda 50/50 para reformar coparticipación y autonomía fiscal

Este miércoles, el Gobierno nacional y los nueve gobernadores del país firmaron el Acuerdo 001/2026, que implementa la Agenda 50/50, una estrategia destinada a potenciar las autonomías departamentales a través de reformas en la distribución de recursos y otras áreas clave.

Entre los principales acuerdos destaca la creación de una mesa técnica que se encargará de desarrollar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Este proyecto buscará generar consensos durante la actual gestión legislativa, con la intención de aplicar el nuevo esquema a partir de la gestión fiscal del año 2027.

El acuerdo también incluye la evaluación de nuevas formas para incrementar la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto podría implicar reclasificar bases imponibles que actualmente son gestionadas por el nivel central, establecer nuevos tributos que se ajusten a la Constitución, implementar sobretasas y modificar la Ley 154 sobre Clasificación y Definición de Impuestos. La propuesta deberá estar lista en un plazo de 90 días.

En cuanto al ámbito presupuestario, las partes acordaron revisar las normativas que condicionan el uso del gasto en las gobernaciones y avanzar hacia la eliminación gradual de aquellas regulaciones que financian obligaciones del nivel central o de entidades ya cerradas. También se buscarán mecanismos que permitan a las gobernaciones tener mayor autonomía en la conformación de sus presupuestos, aunque el control de los agregados fiscales seguirá en manos del Gobierno nacional.

El documento también aborda la revisión de normativas que hayan limitado las atribuciones constitucionales de los gobiernos departamentales, así como ajustes en las transferencias fiscales que tomen en cuenta la sostenibilidad, la equidad territorial y la corresponsabilidad.

La Agenda 50/50 contempla, además, la promoción de normativas que faciliten las alianzas público-privadas en los departamentos, modificaciones a la Ley 699 para fortalecer las relaciones internacionales de las gobernaciones, el análisis de fondos de compensación, la transferencia gradual de instituciones públicas a la administración departamental y medidas para aliviar la carga financiera, como la reprogramación de deudas.

Para llevar a cabo estos compromisos, el Gobierno nacional se compromete a proporcionar información técnica a las entidades territoriales, mientras que las gobernaciones deberán aportar insumos para construir propuestas consensuadas. Se anunció, además, que se llevarán a cabo reuniones con municipios y autonomías indígenas para integrar estos acuerdos en el futuro Gran Acuerdo Nacional por las Autonomías.