Abelardo de la Espriella inicia su mandato en Colombia como aliado de Trump en la lucha contra el narcotráfico

Abelardo de la Espriella, un abogado de 48 años con nacionalidad estadounidense y vinculado a Donald Trump, asumirá el cargo de presidente de Colombia este viernes. Su mandato se centrará en una política de mano dura contra grupos guerrilleros y narcotraficantes, lo que marca un cambio significativo en la relación con Estados Unidos y un retroceso en las negociaciones de paz.

La ceremonia de toma de posesión se llevará a cabo en Cali, una ciudad que ha sido escenario de violencia reciente, lo que ha llevado a la implementación de medidas de seguridad excepcionales, incluyendo el despliegue de 11,000 militares y un sistema antidrones para proteger a los asistentes. Este evento, previsto para las 15H00 hora local (20H00 GMT), contará con la presencia de líderes de varios países y representantes de la Casa Blanca.

De la Espriella, quien reemplaza a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, buscará desmantelar los planes de paz establecidos por su predecesor. Petro ha rechazado aceptar los resultados electorales, alegando fraude, aunque no ha habido denuncias formales al respecto.

A lo largo de su campaña, De la Espriella se presentó como un outsider, conocido por su estilo de vida extravagante y su defensa de figuras controvertidas. Su discurso militarizado y su apoyo a la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico han sido constantes, y ha expresado su intención de intensificar las acciones bélicas contra las guerrillas, apoyándose en la colaboración con Estados Unidos e Israel.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por las posibles violaciones a los derechos de la población civil en el contexto de una ofensiva militar. Según informes, Colombia cuenta actualmente con aproximadamente 25,000 personas armadas involucradas en diferentes grupos insurgentes.

De la Espriella también ha anunciado su plan de reducción del tamaño del Estado en un 40%, lo que incluye el cierre de oficinas relacionadas con la paz y los derechos humanos. Además, ya ha declarado su intención de romper relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba, posicionándose firmemente en el espectro político de derecha en la región.