Crisis migratoria en Ceuta: 80.000 ingresos irregulares reportados

El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado que alrededor de 80.000 individuos cruzaron de forma irregular a la ciudad autónoma de Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Este dato se suma a los informes previos que indicaban más de 72.000 entradas hasta esa fecha.

Torres brindó esta información tras una reunión evaluativa con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en medio de una grave crisis migratoria que ha resultado en la muerte de 141 personas y la situación de aproximadamente 1.400 menores actualmente en proceso de filiación.

Para abordar esta emergencia y evitar un colapso en la ciudad, el gobierno español ha implementado un plan extraordinario que incluye un aumento del 40% en el número de efectivos de la Guardia Civil y del 30% en la Policía Nacional. Además, se contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas y un incremento del 50% en el personal de la Delegación del Gobierno.

La principal prioridad del Ejecutivo es el reagrupamiento familiar de los menores o su traslado a otras comunidades autónomas, utilizando los procedimientos establecidos por la reforma de la Ley de Extranjería. Hasta ahora, más de 2.000 menores de Ceuta, Melilla y Canarias han sido reubicados, de los cuales cerca de 700 son de Ceuta.

En el marco de la respuesta asistencial, se está considerando la utilización de varias instalaciones, incluyendo un antiguo hospital militar que ya ha sido revisado como posible recurso de acogida. También se han programado visitas a Ceuta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en los próximos días.

Juan Jesús Vivas, presidente ceutí, ha calificado de "inasumible, insostenible e inaceptable" la presencia de entre 8.000 y 11.000 personas en las calles sin alojamiento, lo que representa cerca del 12% de la población local. Vivas ha solicitado al gobierno un plan estatal urgente que contemple la creación de un Centro de Internamiento de Extranjeros, la formación de un mando único con participación interministerial y la permanencia del Ejército en las calles para garantizar la seguridad y servicios críticos ante el aumento poblacional que ha registrado un crecimiento temporal del 10%.