Expertos advierten sobre riesgos de la nueva Ley de Inversiones ante el Estado boliviano

El economista Martín Moreira, parte de la Red Boliviana de Economía Política, ha manifestado su preocupación por el proyecto de Ley de Inversiones que ha sido presentado por el Gobierno ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según Moreira, los mecanismos de estabilidad jurídica, los incentivos fiscales y el arbitraje internacional incluidos en la propuesta podrían tener efectos adversos.

Moreira enfatizó que si bien es crucial atraer inversiones nacionales y extranjeras para estimular el crecimiento económico y la generación de empleo, estas inversiones deben ir de la mano de compromisos claros y asegurar que una porción significativa de los beneficios permanezca dentro del país.

El proyecto de ley, que consta de 103 artículos, podría otorgar garantías a los inversionistas antes de establecer regulaciones específicas para sectores clave como la minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía. Esta secuencia, según el economista, podría limitar la capacidad de negociación del Estado en actividades que son cruciales para la economía nacional.

Además, Moreira planteó cuestionamientos sobre la estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional, argumentando que las garantías ofrecidas a los inversionistas no deberían restringir la capacidad del Estado para ajustar políticas fiscales, ambientales o regulatorias en respuesta a nuevas demandas y situaciones.

En relación con los incentivos fiscales, el economista sugirió realizar un análisis sobre el impacto fiscal que tendría para el Estado y qué beneficios concretos se obtendrían a cambio, en términos de creación de empleos, transferencia de tecnología, aumento de exportaciones y desarrollo productivo.

Por último, Moreira concluyó que la Ley de Inversiones debería enfocarse en proyectos que fomenten la creación de empleos formales, la incorporación de tecnología, el apoyo a proveedores nacionales y la generación de valor agregado, asegurando además la protección de los recursos naturales y evitando que la atracción de capital lleve a una rápida transferencia de activos públicos.