Propuestas de un experto para abordar la crisis de combustibles en Bolivia

La escasez de diésel en Bolivia y las complicaciones en el proceso de importación de combustibles han llevado al abogado constitucionalista José Luis Santistevan a proponer una serie de medidas que buscan mejorar la situación actual. Según su análisis, es necesario implementar un nuevo decreto que optimice la participación del sector privado y reduzca la burocracia.

Santistevan destaca cuatro acciones clave que deberían ser consideradas en esta nueva regulación. Primero, propone excluir la gasolina y el diésel de la lista de sustancias controladas. Argumenta que esta eliminación permitiría simplificar los trámites, que a menudo generan ineficiencias y propician la corrupción. Al separar la importación de combustibles de los mecanismos de control de sustancias ilícitas, se facilitaría un flujo más ágil en el mercado.

En segundo lugar, sugiere que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) asuma el rol exclusivo de autorizar y vigilar la importación de estos combustibles. Santistevan critica la intervención de múltiples entidades en este proceso, lo que complica la importación privada. Considera fundamental delimitar las funciones para evitar interferencias innecesarias en lo que él considera una actividad comercial legítima.

El tercer punto que plantea es el reconocimiento de la propiedad privada de los combustibles importados. Según su visión, estos productos no deberían integrarse en la cadena productiva estatal de hidrocarburos, sino ser reconocidos como parte de una actividad comercial privada. Esto brindaría mayor claridad legal a aquellos que deseen ingresar al mercado mediante la importación.

Finalmente, propone la eliminación o suspensión de aranceles e impuestos asociados a la importación de gasolina y diésel. Para Santistevan, estos costos adicionales dificultan la competitividad de los importadores privados frente a los precios subvencionados del combustible local. Afirma que las cargas tributarias actuales encarecen el producto importado, haciendo casi imposible que este compita en igualdad de condiciones.

El abogado subraya que la dificultad para lograr una importación de combustibles más ágil no solo se debe a la escasez en el mercado internacional, sino a un marco normativo que, en su opinión, obstaculiza el proceso. A pesar de la existencia del Decreto Supremo 5644, promulgado el 29 de junio de 2026, aún no se han obtenido los resultados esperados. Santistevan advierte que, sin modificaciones en las condiciones actuales y sin un marco que facilite la participación privada, la crisis de abastecimiento podría agudizarse.