Transportistas demandan respuestas al Gobierno por escasez de diésel y deterioro de carreteras

La problemática del desabastecimiento de diésel sigue preocupando a los sectores de transporte y producción en Bolivia. Los líderes del transporte han afirmado que las largas filas en las estaciones de servicio aún persisten y critican la falta de avances en los compromisos adquiridos por el Gobierno.

El sector de transporte pesado, tanto nacional como internacional, ha otorgado un plazo de 15 días al Gobierno de Rodrigo Paz para atender las demandas relacionadas con el suministro de combustible y la infraestructura vial.

Los transportistas han manifestado su intención de tomar acciones de presión si sus necesidades no son atendidas. Domingo Ramos, un líder del sector, ha anunciado que si no se reciben respuestas adecuadas, se verán obligados a declarar una quiebra nacional e implementar medidas más radicales, tales como negarse a pagar peajes, impuestos y compromisos bancarios.

Por otra parte, han solicitado una inspección técnica de las carreteras, la cual debe realizarse en presencia de un notario de fe pública, para evaluar el estado de las vías que afectan el transporte.

En el contexto de esta crisis, se estima que de más de 12.000 transportistas en el país, aproximadamente el 60% se encuentra afectado por la escasez de diésel. La Defensoría del Pueblo ha instado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Ministerio de Hidrocarburos a proporcionar información y tomar medidas para regularizar el abastecimiento. A pesar de las solicitudes reiteradas, la Defensoría no ha recibido respuestas satisfactorias.

Además, en el marco de la crisis de abastecimiento, la Policía ha reportado la incautación de 5.000 litros de diésel que se transportaban ilegalmente hacia Guanay. El combustible fue encontrado en un camión Nissan Cóndor, y su conductor fue aprehendido por no presentar la documentación requerida para el traslado. Este caso ha sido llevado al Ministerio Público para investigar si el combustible estaba destinado a la minería ilegal o al contrabando.

Mientras tanto, los transportistas se mantienen firmes en su advertencia y esperan que el Gobierno convoque al sector antes de que venza el plazo establecido para evitar así nuevas medidas de presión.