Propuesta de libre importación de combustibles busca transformar el sector privado

En respuesta a la crisis que afecta el suministro de combustibles en Bolivia, el senador Branko Marinkovic anunció su intención de presentar un proyecto de ley que habilitaría la libre importación, almacenamiento y venta de combustibles por parte de empresas privadas. La propuesta incluye un impuesto al valor agregado (IVA) único del 3% sobre los combustibles importados.

Marinkovic argumenta que los combustibles no deberían estar obligados a pasar por los tanques de YPFB, la estatal encargada de la producción y distribución. Además, propuso que el Estado se retire del negocio de importación y comercialización de carburantes, destacando la necesidad de cerrar la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debido a su supuesta corrupción y burocracia.

La crisis actual está impactando severamente la economía boliviana, encareciendo el transporte y la producción. Marinkovic enfatizó que no se puede esperar más para buscar soluciones a esta emergencia, y que su propuesta de ley debería ser implementada como una respuesta inmediata mientras se trabaja en una reforma integral del sector.

En su mensaje, el senador resaltó que "YPFB tiene que salir del negocio de los combustibles" y que el monopolio del Estado sobre el sector ha alimentado un sistema que provoca corrupción y altos costos. Anima a permitir la competencia en la importación y comercialización de combustibles para así mejorar la oferta y reducir precios para los consumidores bolivianos.

No podemos seguir sosteniendo un sistema que encarece el combustible y alimenta la corrupción, ni necesitamos una burocracia abusiva que administre la escasez. Necesitamos reglas claras, competencia y libertad.

Finalmente, Marinkovic concluyó que la nueva Ley de Hidrocarburos debe ser un cambio profundo y estructural, aunque esto llevaría tiempo. En cambio, su propuesta de ley busca una solución rápida y eficaz para aliviar la situación actual en el sector de combustibles.

Con estos cambios, se espera que la capacidad de los privados de importar y comercializar combustibles genere un efecto positivo en la economía, aumentando la disponibilidad de productos a precios más accesibles para la población boliviana.