Desarrollo del Proyecto Minero Carangas: Impactos y Desafíos para la Comunidad de Oruro

El proyecto minero Carangas, ubicado en el departamento de Oruro y gestionado por New Pacific Metals Corp. a través de su filial NPM Minerales S.A., en colaboración con Minera Granville S.R.L., requiere una inversión que supera los 380 millones de dólares. Este ambicioso plan no solo incluye la explotación de minerales como plata, plomo, cobre y zinc, sino que también contempla el traslado de la población actual a un nuevo asentamiento.

El asambleísta Freddy Flores destacó la realización de una consulta previa el 13 de julio, en cumplimiento con la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Este encuentro reunió a autoridades locales, representantes de la empresa y habitantes de la zona para discutir la ubicación del nuevo asentamiento, que estará diseñado para albergar a más de 3.000 personas, en contraste con la capacidad histórica del pueblo, que apenas cuenta con entre 500 y 600 habitantes.

El nuevo asentamiento será concebido como una mini ciudad, equipada con servicios educativos, de salud, áreas verdes y sectores industriales. Además, la empresa se comprometió a apoyar al sector productivo local, enfocándose en la mejora genética del ganado camélido, lo que promete aumentar la calidad de la fibra de alpaca y optimizar la producción.

Se prevé que la operación de la mina comience en 2029, generando aproximadamente 500 empleos directos y 3.000 indirectos. En términos fiscales, se estima que el proyecto podría aportar cerca de 300 millones de bolivianos en regalías al departamento de Oruro, de los cuales el 15% estará destinado al municipio de Carangas, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la región.

La Gobernación de Oruro ha clasificado la explotación minera en Carangas como una prioridad, lo que permitirá que el proyecto sea presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectiva aprobación. Posteriormente, la empresa deberá obtener la Declaratoria de Impacto Ambiental, conforme a la Ley 1333 de Medio Ambiente, lo que iniciará un proceso de consulta pública que involucrará no solo a los comunarios, sino también a las poblaciones situadas aguas abajo, donde se discutirán los planes de mitigación de impacto ambiental.

Las autoridades han asegurado que se implementará un monitoreo riguroso para minimizar los efectos ambientales negativos y proteger los recursos naturales de la región.