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Economía

Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba cuestionan alza del diésel

Por Juan Carlos Serrudo·17 Ago 2026

Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba cuestionan alza del diésel

El 17 de agosto, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba denunciaron el Decreto Supremo 5676, que establece un precio de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores. Este incremento ha sido calificado por los líderes de estas organizaciones como un ataque directo a la economía popular y un factor que encarece la producción agrícola nacional.

Durante una conferencia de prensa, los representantes de las federaciones alertaron que el aumento en el costo del combustible tendrá un impacto inmediato en los precios de los alimentos básicos, afectando así a las familias bolivianas. Vicente Choque, uno de los dirigentes, calificó el decreto como una medida antiproducente y criticó la falta de aviso previo, ya que la normativa fue publicada en la madrugada, sorprendiendo a los sectores afectados.

Los líderes de las Seis Federaciones también expresaron su inquietud frente a un aparente plan del Gobierno para privatizar al menos 15 empresas estatales, mencionando específicamente a la empresa de telecomunicaciones ENTEL. Aseguraron que el Ejecutivo no está tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria ni para frenar el incremento de precios que afecta a los bolivianos a diario.

La dirigente Vilma Colque arremetió contra la política económica del presidente Rodrigo Paz, acusando a la administración de priorizar intereses corporativos sobre el bienestar de la población. Colque subrayó que el movimiento popular se opondrá a cualquier reforma constitucional que busque favorecer los intereses privados en el sector de los hidrocarburos y recursos naturales.

Finalmente, las Seis Federaciones hicieron un llamado a sus militantes y a otros sectores sociales a mantener la unidad en defensa del Estado Plurinacional. Anunciaron que coordinarán acciones de protesta pacífica para exigir la anulación de las normativas que consideran perjudiciales para las familias bolivianas.