Productores cañeros y mineros exigen la derogación del DS 5676

El sector cañero de Santa Cruz realizó una manifestación ayer frente a las instalaciones de YPFB en rechazo al decreto supremo 5676, que establece un precio diferenciador para el diésel. Los productores, encabezados por Óscar Alberto Peña, expresaron su descontento al dejar chala en la entrada de la empresa estatal como símbolo de protesta, argumentando que esta medida discrimina a su sector y aumentará los costos de producción.

Los cañeros demandaron la eliminación del decreto y solicitaron al gobierno que trabaje de manera conjunta para crear una nueva normativa. Peña recordó que, en ocasiones anteriores cuando se retiró la subvención del diésel, la producción cayó al 50% de lo esperado debido al incremento de los costos operativos. Además, advirtió que la reciente regulación podría profundizar esta crisis y encarecer los precios de los productos en el mercado.

Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) también hizo un llamado al gobierno para que revoque el DS 5676. A través de su presidente, Josué Caricari, se rechazó la petición del ministro de la Presidencia de que quienes se oponen a la norma presenten alternativas, reiterando que la responsabilidad de proponer soluciones recae en el gobierno.

El nuevo decreto, emitido en medio de largas filas para la compra de combustible, establece un precio inicial de 18 bolivianos por litro de diésel para Clientes Directos y Grandes Consumidores, mientras que para el resto de los consumidores el precio continuará siendo de 9,80 bolivianos, como se estipuló en el decreto 5516. Esta medida busca aliviar la carga fiscal de YPFB en la importación de diésel, incluyendo costos de importación y tributos en el precio referencial.

Fencomin también criticó la forma en que el gobierno adopta decisiones a través de decretos, advirtiendo que esto tendrá un impacto negativo en el sector productivo y en la economía de las familias. La organización ha declarado un estado de emergencia y exige la anulación del DS 5676, pidiendo un diálogo constructivo para encontrar soluciones efectivas.