Colombia enfrenta una grave emergencia económica tras el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 15 departamentos de Colombia, con una vigencia de 30 días, a raíz del devastador terremoto ocurrido el 10 de agosto.

Este decreto otorga poderes especiales al Ejecutivo para que pueda reestructurar el presupuesto nacional, agilizar contratos y movilizar recursos de manera más efectiva.

Entre las acciones más relevantes se encuentra la utilización temporal de fondos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y otros fondos destinados a la emergencia, así como la simplificación de los trámites para acceder a créditos.

Se ha decidido ampliar el programa Obras por Impuestos a todos los municipios que han sido afectados por el terremoto, además de acelerar la liquidación de bienes en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para financiar la reconstrucción.

Los damnificados también se beneficiarán de la eliminación de ciertas restricciones para acceder a subsidios de vivienda, como el requisito de ahorro previo y la limitación de recibir el beneficio más de una vez.

Además, se están implementando subsidios para arriendo y medidas para controlar el aumento de precios en el mercado.

El decreto también establece ayudas para cubrir parte de las nóminas de micro y pequeñas empresas que han sufrido pérdidas, así como transferencias excepcionales para trabajadores independientes y la flexibilización de requisitos en programas sociales.

En otro contexto, dos nuevos temblores se registraron en Colombia el 20 de agosto, uno de ellos cercano al epicentro del terremoto anterior, aunque no se reportaron daños materiales ni de personas.

Según los informes preliminares tras el seísmo del 10 de agosto, se han contabilizado 314 fallecidos, 4,437 heridos y 262 desaparecidos.