Productores agropecuarios exigen la derogación del decreto de diésel

En una asamblea llevada a cabo en Warnes, los productores agropecuarios de Bolivia dieron un ultimátum al Gobierno, exigiendo la derogación del Decreto Supremo 5676, que establece un precio de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores. El presidente Rodrigo Paz, sin embargo, desestimó cualquier posibilidad de modificar la normativa, afirmando que "no se puede retroceder" en esta decisión.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), manifestó que, si el decreto no es revocado, el sector se presentará el lunes en el Comité pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad. Los agricultores argumentan que la medida afectará seriamente los costos de producción y, por ende, la economía del sector.

Frerking enfatizó la necesidad de estabilidad para poder operar adecuadamente y subrayó que no se conformarán con una simple modificación de la norma. Aseguró que la única solución a la crisis económica es fomentar el trabajo y cuestionó que la medida podría estar aumentando la especulación, así como la informalidad y la corrupción.

El dirigente también respondió a las afirmaciones del Gobierno sobre la escasez de diésel, sugiriendo que la solución radica en garantizar el abastecimiento del combustible y facilitar su importación y comercialización.

Reunión con alcaldes: sin cambios en el decreto

Mientras tanto, en Santa Cruz crecen los reclamos de varios sectores en contra del decreto sobre la eliminación de subsidios al diésel para los grandes consumidores. En una reunión con la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), el presidente Paz reiteró que no se derogará la norma, aunque mencionó que hay margen para mejoras.

El decreto se puede mejorar, pero no se puede retroceder. Porque si no, nos estaríamos engañando. Yo retrocedo en ese decreto, les voy a quitar plata a ustedes.

Paz explicó durante la reunión que tanto los municipios como el Gobierno están en una situación financiera complicada y exigió que se defina cómo se gestionarán los recursos disponibles, subrayando que si los ingresos son inferiores a los gastos se afectará la capacidad de financiar servicios básicos.