El Gobierno considera extender el estado de excepción ante los bloqueos persistentes

El Gobierno de Rodrigo Paz ha abierto la posibilidad de prorrogar el estado de excepción que rige en Bolivia, dado que los bloqueos en varias regiones del país continúan y se han anunciado nuevas manifestaciones en respuesta al Decreto Supremo 5676, que regula los precios y la subvención de combustibles.

Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, indicó que si las acciones de protesta que obstaculizan la libre circulación persisten, la administración podría evaluar la extensión de esta medida extraordinaria. El objetivo del Ejecutivo es evitar que se repitan los conflictos de mayo y junio, donde los bloqueos duraron semanas y causaron escasez de alimentos, combustible y medicamentos.

No obstante, José Luis Gálvez, vocero del Gobierno, aclaró que la ampliación del estado de excepción no es una prioridad inmediata. Sostuvo que la situación actual ya requiere que las autoridades implementen las restricciones existentes y apliquen sanciones a quienes interrumpan el tránsito en las vías.

El estado de excepción fue instaurado por el presidente Paz el 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636, con una duración inicial de 90 días, que se extiende hasta el 18 de septiembre de 2026. Para cualquier prórroga, sería necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa, según la interpretación constitucional de expertos.

La discusión sobre la posible extensión del estado de excepción se intensificó tras el reinicio de los bloqueos y los anuncios de movilizaciones. Uno de los focos de conflicto se localiza en el puente San Pablo, en la carretera Santa Cruz-Beni, donde los productores mantienen bloqueos desde hace tres días, exigiendo, entre otras cosas, la liberación de detenidos.

Desde la oposición y varios sectores legislativos se han manifestado críticas hacia el Gobierno. Algunos legisladores argumentan que antes de considerar una ampliación de la medida, el Ejecutivo debería hacer cumplir el estado de excepción vigente. Por su parte, el oficialismo ya ha comenzado a gestionar una propuesta para extender la medida por seis meses, citando la posibilidad de futuros conflictos sociales y emergencias.

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, ha advertido que el estado de excepción es una herramienta temporal que no aborda las causas profundas de la conflictividad social. En este contexto, hizo un llamado a priorizar el diálogo y atender las demandas que podrían desencadenar nuevas protestas.

Por el momento, el Gobierno no ha tomado una decisión definitiva sobre la posible ampliación del estado de excepción, ya que esta dependerá de la evolución de los bloqueos y movilizaciones en las próximas semanas, así como del cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa para prolongar la medida.