Cierre de más de 30 bocaminas ilegales en Oruro busca proteger el medio ambiente

En una reunión interinstitucional realizada el 30 de julio, se acordó el cierre de más de 30 bocaminas ilegales en Oruro, como parte de un esfuerzo por preservar el Área Protegida Municipal. Esta iniciativa, coordinada por la Universidad Técnica de Oruro (UTO), tiene un costo estimado de más de 3.000 bolivianos por cada bocamina, que incluye gastos de mano de obra y materiales necesarios para el sellado.

El encuentro, que congregó a representantes de distintas instituciones, evidenció la falta de participación del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y SENARECOM, entidades que son clave para la ejecución de estas acciones. Rosa Linda Mamani, vocera de la comunidad, destacó la grave situación de la minería ilegal en la zona y pidió una evaluación del impacto en las viviendas cercanas.

Con el fin de abordar esta problemática, se establecieron dos comisiones durante la reunión: una dedicada a la evaluación técnica del cierre de las bocaminas y otra centrada en la coordinación y financiamiento de las operaciones. El rector de la UTO, Augusto Medinaceli, enfatizó que la universidad asumirá el componente técnico del proceso, resaltando que la minería no debe llevarse a cabo en áreas urbanas o protegidas.

La propuesta elaborada por la Carrera de Ingeniería de Minas sugiere que el sellado de cada bocamina implica un costo considerable. Además, Mamani subrayó la necesidad de colaboración de las instituciones para reunir los recursos económicos y maquinaria para llevar a cabo el cierre efectivo.

Los desafíos técnicos del cierre son significativos, especialmente debido a la topografía del cerro San Felipe, donde se realizó una inspección el 29 de junio. El informe técnico denuncia problemas económicos, como los altos costos de explosivos y mano de obra especializada. Además, FEDECOMIN Oruro ha manifestado que no aportará fondos, considerando que las bocaminas son operadas por mineros ilegales.

Este cierre forma parte de un cumplimiento a la Resolución Constitucional emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que ordenó la suspensión inmediata de las actividades mineras ilegales y el desarrollo de un Plan de Manejo para el Área Protegida. Los vecinos reafirmaron su compromiso de vigilancia social para asegurar que se respete dicha resolución, recordando la importancia de las áreas protegidas como patrimonio natural y cultural.