Intervención excepcional a YPFB por deficiencias operativas

A través del Decreto Supremo 5697, promulgado el 1 de septiembre, el Ejecutivo ha decidido intervenir temporalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo de hasta 180 días. Esta acción responde a diversas deficiencias observadas en la operativa de la empresa, buscando así mejorar la cadena logística de importación y distribución de combustibles en el país.

La intervención, que se puede extender una única vez por 90 días adicionales si las causas continúan, no implica la eliminación de YPFB ni alteraciones en su estructura jurídica. La necesidad de esta acción se fundamenta en "deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes", las cuales representan riesgos para la seguridad energética y el interés público.

La nueva Comisión de Intervención, compuesta por ministros y representantes de varios ministerios, se enfocará en las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de combustibles. Entre sus tareas, se incluye recomendar auditorías técnicas para detectar irregularidades como el contrabando y el desvío de recursos, así como establecer responsabilidades entre los empleados implicados.

Dentro de sus atribuciones, la Comisión podrá revisar el proceso de importación y distribución de combustibles, y ofrecer recomendaciones para corregir las fallas administrativas, técnicas y logísticas identificadas. También evaluará las decisiones operativas que afecten el abastecimiento de combustibles y los recursos estatales.

El decreto estipula que la dirección de YPFB deberá proporcionar toda la información requerida por la Comisión en los plazos que esta establezca. El incumplimiento podría acarrear responsabilidades administrativas o penales, y la Comisión puede sugerir auditorías en diversas áreas si se determinan responsabilidades por parte de los funcionarios.

Finalmente, se menciona que el costo de esta intervención no requerirá fondos adicionales del Tesoro General de la Nación, ya que los gastos se cubrirán con el presupuesto de las instituciones involucradas en la Comisión y se ajustarán a la política de austeridad del Gobierno.