El peligro de la Ley Corta de Monetización de Desmontes en Bolivia

La falta de una política minera clara en Bolivia ha llevado a la repetición de errores del pasado. La reciente propuesta legislativa, conocida como Proyecto de Ley PL-728-2025-2026 o "Ley Corta de Monetización de Desmontes, Colas y Relaves de la Minería Estatal", plantea un enfoque de improvisación que podría resultar perjudicial para el país.

El proyecto busca elaborar un "Inventario Nacional de Desmontes, Colas y Relaves" en un plazo de 180 días y prohíbe la disposición de estos materiales sin una valoración técnica actualizada. Aunque parece un intento por proteger el patrimonio, en realidad, crea más burocracia y despoja a COMIBOL de la gestión de sus propios activos.

El artículo 19 de la ley instruye a la Contraloría a auditar operaciones de los últimos 10 años, una medida que podría aclarar las denuncias de ventas subvaluadas en el pasado. Sin embargo, la implementación de este tipo de auditorías puede verse obstruida por la estructura burocrática que se propone.

Un aspecto preocupante es la creación de la "Unidad de Monetización de Desmontes, Colas y Relaves" bajo el Ministerio de Minería, que parece ignorar el reglamento vigente desde 2013 sobre la comercialización de estos materiales. Esto podría causar un cortocircuito en los procesos actuales y llevar a pérdidas significativas para el Estado.

La prisa por generar ingresos podría llevar a una venta apresurada de recursos, sin realizar un análisis exhaustivo del valor real de los pasivos mineros. Las estimaciones sin una evaluación adecuada representan un riesgo considerable para el patrimonio del país.

Además, en el contexto global actual, donde se desarrollan acuerdos sobre recursos críticos, el proyecto legislativo podría facilitar que empresas internacionales compren nuestros recursos a precios muy bajos y los procesen en el extranjero, dejando a Bolivia fuera del ciclo de beneficios que podría generar su propia riqueza mineral.

Por último, el artículo sobre protección ambiental en este proyecto es insuficiente y muestra la falta de un compromiso serio por parte del Estado. Una política real debería priorizar no solo la venta de recursos, sino la creación de capacidades locales y la recuperación del medio ambiente, evitando así dejar a las comunidades afectadas con el legado de la contaminación.

La falta de una visión clara en la gestión de los recursos mineros perpetúa un ciclo de pérdida de potencial y riqueza. Sin un estudio adecuado y un enfoque de largo plazo, Bolivia corre el riesgo de seguir siendo un país que subestima su capacidad minera.