Acuerdo entre Bolivia y el FMI: Claves y Desafíos del Nuevo Programa Económico

El Ejecutivo boliviano ha formalizado un nuevo programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Este programa tiene una duración de tres años y propone medidas de carácter fiscal, monetario, cambiario y estructural, con el objetivo de estabilizar la economía y mitigar los desequilibrios que se han acumulado en los últimos años.

Objetivos Principales del Acuerdo

• Reducción gradual del déficit fiscal.
• Eliminación de la subvención a los combustibles a partir de 2027.
• Flexibilización del tipo de cambio y unificación de las cotizaciones.
• Evaluación del sistema financiero para asegurar su solidez.
• Fortalecimiento de la red de protección social.

Uno de los enfoques más destacados del programa es la reducción del déficit fiscal, con la meta de eliminar el déficit primario del Sector Público No Financiero al concluir el acuerdo y reducir el déficit global a un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2029. Para lograr esto, se implementarán controles más estrictos sobre el gasto público y revisiones de las inversiones consideradas ineficientes.

En cuanto a los combustibles, el acuerdo establece que los precios internos permanecerán congelados durante 2026, pero se planea eliminar las subvenciones a partir de enero de 2027. El presupuesto de ese año no incluiría fondos para mantener la subvención, y se prevé una mayor participación del sector privado en la cadena de combustibles, con precios determinados por el mercado.

El programa también promueve una mayor flexibilidad cambiaria, buscando un sistema en el que los tipos de cambio sean establecidos por el mercado. Además, se pretende dejar de usar el tipo de cambio como principal ancla nominal y enfocarse en metas sobre la base monetaria y tasas de interés a corto plazo, con el fin de lograr una inflación en un solo dígito.

La protección de los sectores más vulnerables también es una prioridad. Se propone establecer un Registro Social Unificado para marzo de 2027, que permita identificar a los hogares con mayores necesidades y dirigir la asistencia estatal hacia ellos, en respuesta a los posibles efectos adversos de las reformas económicas.

Finalmente, el programa con el FMI busca establecer una hoja de ruta clara para abordar los problemas fiscales y externos del país, así como para estimular la inversión privada y mejorar la competitividad en sectores clave como minería e hidrocarburos. Las medidas anunciadas marcan un cambio significativo en la política económica boliviana, con implicaciones para la estabilidad futura del país.