Bolivia enfrenta un ajuste fiscal crítico tras acuerdo con el FMI

Bolivia ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, si bien podría otorgar un alivio en la falta de divisas y restaurar la confianza, implica la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles a partir de enero de 2027. Esta decisión se toma en un contexto donde la economía nacional todavía sufre los efectos de la recesión.

El compromiso adquirido incluye que el Presupuesto General del Estado para 2027 no podrá destinar recursos ni del Tesoro ni de las empresas estatales para la subvención de combustibles. Hasta diciembre de este año, los precios de los combustibles permanecerán congelados, pero posteriormente deberán ajustarse a un nuevo esquema que considere el tipo de cambio flexible y los costos de importación y comercialización.

Aunque aún no se ha definido el nuevo precio del litro de gasolina o diésel, se prevé que este ajuste se realice en un periodo en el cual la economía continuará en contracción, con una recuperación proyectada para 2028. Este cambio podría trasladarse rápidamente a los costos del transporte, la producción y los alimentos.

Reacciones y advertencias sobre el ajuste

Marcelo Trigo, ex presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, subraya la necesidad de eliminar los subsidios, advirtiendo que mantener precios artificialmente bajos genera distorsiones y fomenta el contrabando. También enfatiza que se debe ofrecer asistencia directa a los hogares más vulnerables para mitigar el impacto del ajuste.

Sin embargo, el marco jurídico para el registro social unificado, que permitirá identificar a los beneficiarios, no estará disponible hasta marzo de 2027, lo que genera una grave preocupación sobre cómo se compensarán a las familias afectadas antes de que el sistema esté en funcionamiento.

El acuerdo con el FMI, que involucra un financiamiento de $us 1.900 millones, no solo pretende estabilizar la situación actual, sino que también se espera que sirva para recuperar la confianza de otros acreedores. Trigo señala que este respaldo podría facilitar el acceso a otros $us 4.000 a $us 5.000 millones provenientes de instituciones multilaterales.

Pese a las expectativas de estabilización económica, el acuerdo implica un compromiso fiscal significativo, con la obligación de ajustar el gasto estatal en aproximadamente un 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. Este ajuste no solo incluirá la eliminación de subsidios, sino también restricciones en nuevas contrataciones y una revisión de gastos estatales.

En este contexto, la política del Banco Central también deberá alinearse con el objetivo de controlar la inflación, limitando el financiamiento directo al sector público y ajustando las tasas de interés.

Trigo concluye que, aunque el FMI puede actuar como un salvavidas, el verdadero reto será manejar este ajuste sin que afecte negativamente a la actividad productiva y sin que el peso recaiga sobre los más desfavorecidos.