Nueva ley impulsará continuidad de proyectos UPRE

Rodrigo Paz Pereira, presidente del Estado, promulgó una modificación a la Ley N.º 492 sobre Acuerdos y Convenios Intergubernativos. Esta modificación tiene como finalidad facilitar la continuidad de proyectos considerados prioritarios y regular la gestión de convenios entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas.

Según el mandatario, gracias a esta nueva ley se abrirán oportunidades para encontrar fuentes adicionales de financiamiento, permitiendo así la ejecución de proyectos que fueron planificados en gestiones anteriores pero que carecían de los recursos necesarios.

Convenios más accesibles para los ministerios

Conforme a lo informado por el Senado, la nueva norma se adapta a la estructura actual del Órgano Ejecutivo, permitiendo que el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas, junto con sus entidades dependientes, establezcan convenios con organismos públicos y organizaciones sociales.

Estos acuerdos se enfocarán en la implementación de programas y proyectos, garantizando que se mantenga el cumplimiento de la normativa vigente.

Definición clara de responsabilidades

La reforma también busca clarificar las responsabilidades de las instituciones involucradas, estableciendo de manera más precisa quién es responsable de la financiación, la ejecución y la recepción de cada obra o bien.

Además, se amplían las facultades de las entidades territoriales autónomas para firmar acuerdos con el gobierno central que estén destinados a la supervisión, control y cofinanciamiento de proyectos.

La norma también estipula que la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) deberá presentar informes semestrales a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre los recursos asignados a los proyectos, incluyendo evidencias que respalden los mecanismos de control sobre el uso de dichos recursos.

En su declaración, Paz enfatizó que la posibilidad de gestionar recursos externos facilitará el desarrollo de proyectos requeridos por municipios y gobernaciones, como colegios, hospitales y actividades productivas.

Con esta ley, el Gobierno pretende reactivar y continuar obras previamente registradas en gestiones anteriores que no contaban con la financiación adecuada para su realización.