La tarde de ayer se hizo pública la resolución que obliga a Edwin Aguayo Arando y Marco Antonio Borda Belzu, junto a otros cinco abogados que formaron parte de la directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí (ICAP) entre 2015 y 2017, a restituir un total de 50.000 dólares que fueron retirados de las arcas de la institución en 2016.
El fallo provino del juez civil y comercial número 1 de Potosí, Fernando Canaza Bobarín, quien ha cerrado la primera fase del proceso judicial iniciado por la actual directiva del ICAP, encabezada por el ex vocal judicial Franz Gonzalo Soliz Medrano.
Aunque no se especificaron las razones, se optó por un juicio civil en lugar de uno de carácter penal, lo que generó interrogantes sobre la decisión del proceso.
La denuncia presentada expone que durante su mandato, Aguayo, como presidente, y Borda, en su rol de secretario de finanzas, realizaron la extracción de los 50.000 dólares sin proceder a su restitución a la cuenta del ICAP, dejando así una situación financiera comprometida para la institución.
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