El senador Porcel sugiere evaluar la separación de fiscales tras acusaciones estadounidenses

El senador Abdón Porcel ha emitido comentarios sobre la situación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien se enfrenta a la revocación de su visa por parte de Estados Unidos, que lo acusa de recibir sobornos relacionados con actividades de narcotráfico. Porcel apoya que se considere la posibilidad de apartar a fiscales mientras se aclaran estas acusaciones y se espera la documentación de las autoridades estadounidenses.

Este pronunciamiento surge tras las declaraciones de los presidentes de la Cámara Alta y la Cámara Baja, Diego Ávila y Roberto Castro, quienes han solicitado a Mariaca que se aparte de sus funciones de manera temporal mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Además, ambos legisladores anunciaron que gestionarán el envío de información oficial desde Estados Unidos que pueda respaldar las acusaciones.

Por otro lado, el Gobierno de Rodrigo Paz ha manifestado su intención de solicitar a Estados Unidos las pruebas que sustenten las acusaciones contra Mariaca, para que las instancias correspondientes puedan llevar a cabo las investigaciones necesarias. Por su parte, Mariaca ha desestimado las acusaciones y se comprometió a proseguir con las investigaciones que actualmente se encuentran en curso, entre las cuales destaca la relacionada con el ciudadano argentino Fernando Cerimedo.

La Asamblea Legislativa ha convocado una sesión plenaria para el 5 de octubre, con el fin de discutir las sanciones impuestas por Estados Unidos a trece ciudadanos bolivianos y la posible creación de una comisión parlamentaria que investigue estos señalamientos. En esta reunión se prevé revisar la documentación e informes que sean proporcionados por las instituciones correspondientes.

Mientras el proceso avanza, han surgido diversas opiniones dentro del ámbito legislativo. El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, ha manifestado que una lista emitida desde el extranjero no equivale a una condena, y ha instado a que cualquier investigación se realice basándose en pruebas y de acuerdo a la normativa vigente en Bolivia.