Crisis alimentaria en centros de acogida de Bolivia

Un total de 54 centros de acogida en Bolivia, que incluyen hogares para adultos mayores y centros de atención para menores, están atravesando una crisis significativa en la provisión de alimentos y medicamentos. Esta situación se ha visto agravada por el aumento de precios tras la eliminación de la subvención al diésel, según lo informado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el 30 de septiembre de 2026.

Según el informe del Defensor del Pueblo, las inspecciones realizadas en 18 centros para niños y 15 hogares de ancianos revelaron que el 67% de los centros de menores ha registrado un aumento en los costos de víveres. Este incremento de precios ha llevado al 56% de estos hogares a enfrentar dificultades financieras, mientras que el 17% ha dejado de poder comprar productos frescos.

Para lidiar con la falta de insumos, un 28% de los centros ha recurrido a adquirir alimentos de menor calidad, y un 22% ha comenzado a solicitar donaciones. Entre las instituciones afectadas se encuentran Aldeas Infantiles de El Alto, el Hogar Beni de Oruro y el Centro Educativo Chete Quije, entre otros, que están viendo comprometida su capacidad de atención.

En el caso de los hogares para adultos mayores, el 73% de los centros inspeccionados reporta que sus presupuestos ya no les permiten comprar la misma cantidad de alimentos que antes. Además, el 20% de estos asilos carece de un stock de alimentos secos, y el 27% no tiene insumos frescos, lo que ha llevado al 40% de ellos a solicitar donaciones externas para alimentar a sus residentes.

El aumento de costos también ha impactado la adquisición de pañales y medicamentos psiquiátricos, que no están cubiertos por el Seguro Universal de Salud (SUS). Instituciones como el Hogar San José y el Asilo San Roque en Potosí están experimentando dificultades en este sentido, lo que agrava aún más la situación.

Asimismo, un análisis de 21 hospitales de segundo y tercer nivel mostró que el 52% considera que sus recursos son insuficientes. Además, un 5% de estos nosocomios no tiene suficientes reservas de productos secos y un 9% enfrenta desabastecimiento de alimentos frescos, lo que complica la elaboración de dietas para pacientes.

El Defensor del Pueblo ha manifestado la necesidad urgente de que el Gobierno central, así como las gobernaciones y municipios, implementen medidas que eviten un mayor deterioro en los derechos fundamentales a la alimentación, salud y educación de estas poblaciones vulnerables. A pesar de que el 83% de los centros aún tiene un inventario limitado, una vez que se agoten sus reservas, deberán afrontar nuevos costos que afectarán sus presupuestos.