La OEA exige elecciones y liberación de presos políticos en Nicaragua

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el viernes una resolución que exige al gobierno nicaragüense la celebración de elecciones y la liberación incondicional de los presos políticos. Esta medida se tomó durante una reunión extraordinaria de cancilleres en Washington, donde se evidenció la preocupación internacional por la situación política en Nicaragua tras el anuncio de Daniel Ortega de que no habrá más comicios.

El documento, respaldado por unanimidad, también solicita que se recupere la separación de poderes, se informe sobre el paradero de las personas desaparecidas y se devuelva la nacionalidad a aquellos que fueron despojados de ella. No obstante, no se establecieron sanciones específicas contra el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Durante la reunión, solo siete de los 34 estados miembros de la OEA enviaron a sus ministros de Relaciones Exteriores, mientras que los demás delegaron a representantes de menor rango. La resolución fue impulsada por países como Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, quienes instan a Nicaragua a crear condiciones para "elecciones libres, justas e inclusivas".

Además, se creó un grupo ministerial de seguimiento que deberá establecer un diálogo con las autoridades y la oposición nicaragüense. Este grupo tiene un plazo de 90 días para presentar recomendaciones sobre la situación política en el país.

La postura de Brasil fue de oposición a cualquier referencia que califique a Nicaragua como una amenaza para la paz regional, mientras que la OEA no había celebrado una reunión de este tipo desde 2019, cuando se abordó la crisis en Venezuela.

La situación se tornó más tensa tras el anuncio de Ortega el pasado 19 de julio, al declarar que en Nicaragua no se realizarían más elecciones. Esto se ha complementado con una reforma constitucional que limita la participación electoral de quienes son considerados "traidores a la patria", refiriéndose a la oposición.

El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, criticó la "dictadura" nicaragüense tras el veto a la embajadora estadounidense, mientras que el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, anunció el cierre de la embajada de su país en Nicaragua hasta que se mejoren las condiciones democráticas.

La OEA, a través de su secretario general Albert Ramdin, subrayó la urgencia de restaurar el orden constitucional en Nicaragua, pidiendo a los estados miembros que consideren sanciones económicas que no perjudiquen a la población y que enfoquen restricciones a ciertas autoridades.

Por último, la relatora de la CIDH para Nicaragua, Rosa María Payá, describió al país como un "estado policial" que utiliza su influencia para intimidar a sus ciudadanos, incluso en el extranjero.