La Cámara de Diputados se encuentra en el proceso de análisis del proyecto de Ley Antibloqueos, cuyo objetivo es regular las protestas sociales y garantizar la libre circulación de las personas en Bolivia. Esta iniciativa se enmarca en un debate legislativo que considera la importancia de equilibrar el derecho a la protesta con el derecho a la movilidad.
El proyecto, que ha sido elaborado a partir de diez iniciativas legislativas, busca establecer límites claros entre las protestas pacíficas y aquellas que interrumpen servicios esenciales o afectan infraestructuras críticas. Según Manolo Rojas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, este texto ha sido consensuado con diferentes sectores para garantizar un enfoque equilibrado en su implementación.
La propuesta incluye un régimen de sanciones que contempla penas de tres a diez años para quienes provoquen bloqueos que resulten en agresiones físicas. La pena máxima se aplicará independientemente de la duración de la incapacidad, lo que ha generado inquietud sobre el posible impacto en el ejercicio del derecho a la protesta social.
Este proyecto, conocido como PL 718/2025-2026, se ocupa de regular las manifestaciones públicas y la libre transitabilidad. La estructura del proyecto abarca 29 artículos, además de disposiciones transitorias, enfocándose en cómo se deben realizar las protestas de manera que no afecten los derechos de terceros.
El debate en la Cámara de Diputados también plantea la necesidad de diferenciar entre conductas que perturban la paz social y aquellas manifestaciones que se llevan a cabo de manera pacífica. Esta discusión se presenta en un contexto donde se reconoce la importancia de la protesta legítima, pero también la necesidad de asegurar la movilidad y el acceso a servicios esenciales para la población.
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