Investigación en Chile por millonarias pérdidas en fondos de pensiones

Este martes, la Superintendencia de Pensiones de Chile dio a conocer la apertura de un proceso de investigación que involucra a las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) del país, debido a las pérdidas millonarias que han afectado a los fondos más conservadores del sistema de capitalización individual.

La investigación surge tras la revelación de que el fondo E, considerado el más conservador dentro del esquema, ha experimentado una disminución real del 10,4% entre enero y septiembre. Esta situación ha generado preocupación entre los afiliados, especialmente aquellos que dependen de estos fondos para su jubilación.

Gran parte del declive en el rendimiento se atribuye a una inversión en derivados relacionados con las tasas de interés de Estados Unidos, que ha generado pérdidas estimadas en 7.700 millones de dólares. Más de 770.000 afiliados se ven afectados por esta situación, de los cuales aproximadamente el 10% son personas mayores de 60 años.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó en medios de comunicación que el gobierno respalda plenamente la decisión de la Superintendencia, enfatizando que el propósito de la investigación es proteger los intereses de los ciudadanos cuyas inversiones han sido comprometidas.

"Queremos determinar si la pérdida es consecuencia de la administración o si hubo descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de las AFP", afirmó el ministro Quiroz.

Por su parte, la Asociación de AFP aclaró que la estrategia empleada no debe considerarse como una "apuesta", sino más bien como una "estrategia de largo plazo". Resaltaron que el uso de derivados financieros es una práctica común a nivel internacional para gestionar los flujos de ingresos fijos.

El sistema de pensiones chileno, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet y objeto de críticas por las bajas pensiones que ofrece, fue pionero en América Latina al establecer un modelo de capitalización individual, en lugar de mantener un sistema de reparto. Cada trabajador formal debe destinar el 10% de su salario mensual a una cuenta personal, eligiendo entre cinco tipos de fondos (A, B, C, D y E) según su tolerancia al riesgo.