Preocupación de Marinkovic por la inclusión de Barboza en la lista de vetados de EEUU

Branko Marinkovic, senador opositor, ha manifestado su inquietud por el reciente hecho de que Diego Barboza, quien ocupó la dirección de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) hasta la semana pasada, esté incluido en la lista de vetados por el Gobierno de Estados Unidos, lo que implica la anulación de su visa por supuestos nexos con el narcotráfico y la corrupción.

Marinkovic subrayó la gravedad de esta situación, destacando que el exdirector de la UIF poseía acceso a información delicada y que su cambio de cargo podría complicar el manejo de datos cruciales para las investigaciones financieras. "Lo que más me preocupa es el director de la UIF que había, que recién fue cambiado esta semana, eso es muy complejo", comentó el senador.

El senador también enfatizó que el narcotráfico y la corrupción se encuentran profundamente arraigados en el sistema público. Se mostró a favor de que se realicen investigaciones adecuadas y que las acusaciones sean fundamentadas, recordando que en el caso de terrorismo anterior muchas personas fueron injustamente catalogadas como terroristas en lo que consideró un montaje.

Hasta la semana pasada, Barboza había estado al frente de la UIF y había referido su intención de llevar a cabo acciones legales contra antiguos funcionarios de la entidad, quienes se habían desempeñado durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Esto se basaba en la detección de supuestas irregularidades en las investigaciones y en una posible coordinación con el Ministerio Público.

Barboza afirmó que su tarea al asumir la dirección de la UIF consistió en examinar la documentación existente, lo que reveló un mal manejo de la institución y un posible trabajo conjunto con personal del Ministerio Público. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Economía nombró a Víctor Vladimir Peñaranda Asturizaga como el nuevo director general ejecutivo de la UIF.

La inclusión de Barboza en la lista de vetados ha generado un debate en la opinión pública, donde se cuestiona la responsabilidad de las instituciones y la transparencia en el manejo de la información relacionada con el narcotráfico y la corrupción.