Investigación de EE.UU. afecta a altos funcionarios bolivianos

El 28 de septiembre y el 22 de octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó dos listas de personas a las cuales se les retiró la visa, generando un impacto significativo en el ámbito judicial, político y policial de Bolivia. En la primera lista, trece ciudadanos bolivianos fueron identificados por su vinculación con la corrupción y el narcotráfico.

Las consecuencias de esta revelación fueron drásticas: cuatro individuos fueron encarcelados, dos fiscales perdieron sus puestos en el Ministerio Público, un presidente de tribunal presentó su renuncia y un exjefe policial fue destituido. En el ámbito político, se cuestiona a dos diputados, siendo que uno de ellos ya ha declarado que no abandonará su cargo.

Uno de los nombres más destacados en esta situación es el del exfiscal general Róger Mariaca, quien aparece en la primera lista y es acusado por EE.UU. de haber brindado protección al narcotráfico. También fue mencionado el exfiscal general Juan Lanchipa, quien ocupó el cargo hasta octubre de 2024.

Desvinculaciones en el Ministerio Público

El fiscal general José Armando Urioste confirmó que se desvincularon de sus funciones, dos fiscales: Félix Gerardo Balderas de El Torno y Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de Sustancias Controladas en Santa Cruz.