Exdirector de Migración acusa a exautoridades de proteger redes criminales

Marcel Rivas, quien ocupó el cargo de director general de Migración, ha presentado denuncias que involucran a varias exautoridades en supuestos actos de protección a redes criminales. Entre los mencionados se encuentran el exfiscal general Juan Lanchipa, y los exministros Eduardo Del Castillo y Carlos Romero, así como la exdirectora de Migración, Katherine Calderón.

Las acusaciones de Rivas se remontan a 2020, cuando era el responsable de Migración y se enviaron denuncias al Ministerio Público por irregularidades en la emisión de documentos para extranjeros. Se estima que el daño económico relacionado podría alcanzar los Bs 4 millones.

Según Rivas, durante su gestión se identificaron 260 irregularidades en la entrega de documentos como visas y carnés de residencia, lo que llevó a la presentación de una denuncia penal contra la exfuncionaria Calderón y otros implicados.

Rivas considera que la falta de progreso en estas investigaciones se debe a la administración de Lanchipa, a quien acusó de liderar una estructura que protege operaciones del crimen organizado. En sus palabras, Lanchipa era "la cabeza de la organización criminal" en ese periodo.

El exdirector de Migración también relacionó las irregularidades con la emisión de documentos a personas conectadas con grupos criminales, mencionando específicamente a los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y al uruguayo Sebastián Marset.

Rivas agregó que los exministros Carlos Romero y Eduardo Del Castillo supieron de informes que alertaban sobre la llegada y permanencia de personas asociadas a estas organizaciones delictivas en Bolivia desde 2018.

Estas declaraciones surgen en un contexto de controversia debido a la reciente decisión de Estados Unidos de retirar visas a ciudadanos bolivianos, lo que ha generado repercusiones políticas en el país.

La denuncia de Rivas plantea serias interrogantes sobre la corrupción en las instituciones del Estado y su relación con el crimen organizado, lo que obliga a una revisión exhaustiva de las actuaciones de estas exautoridades.