Aprobación del FMI garantiza $us 1.900 millones para Bolivia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado luz verde a un acuerdo de financiamiento que asciende a aproximadamente $us 1.900 millones para Bolivia, en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Este acuerdo incluye un desembolso inmediato de $us 214 millones, que será destinado a fortalecer la economía nacional.

El acuerdo tiene una vigencia de 36 meses y busca respaldar las iniciativas del Gobierno para restablecer la estabilidad macroeconómica en el país. Además, tiene como objetivo mejorar las reservas internacionales y garantizar la protección social de la población boliviana.

Se estima que este programa facilitará la atracción de unos $us 4.000 millones adicionales por parte de otras entidades financieras internacionales, ampliando así las oportunidades de financiamiento para Bolivia durante el periodo de ejecución del acuerdo.

El FMI ha elogiado las acciones implementadas por las autoridades bolivianas en el último año, que buscan corregir los desequilibrios macroeconómicos. Según Nigel Clarke, subdirector gerente del organismo, este acuerdo es fundamental para llevar adelante el programa de reformas económicas en el país.

Las medidas del programa incluyen la mejora en la eficiencia del gasto público, el fortalecimiento de la protección social, la modernización de los sistemas monetarios y cambiarios, así como la promoción de la transparencia y un ambiente propicio para los negocios, que en conjunto impulsarán la inversión privada y la generación de empleo.

La decisión del FMI se produce tras la aprobación del acuerdo de financiamiento por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 18 de septiembre, donde más de dos tercios de ambas cámaras dieron su apoyo. Los desembolsos adicionales se realizarán de forma gradual después del monto inicial.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas será el encargado de llevar a cabo la implementación del programa económico, en coordinación con las instituciones relevantes, asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo, que abordan aspectos de estabilidad macroeconómica, ordenamiento fiscal, protección social y fomento de la actividad productiva.