Aprobación del informe sobre irregularidades en YPFB se remite a la Fiscalía

En su 162ª sesión ordinaria, los miembros de la Cámara de Diputados aprobaron una Resolución Camaral que respalda el informe final de la Comisión Especial de Investigación sobre denuncias de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Este informe aborda la compra de combustibles a empresas transnacionales y la supuesta comercialización de productos en mal estado, sin las debidas supervisiones de calidad.

El presidente de la Cámara, Roberto Castro Salazar, anunció que el documento será enviado a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado y al Órgano Ejecutivo, instando a que se tomen las acciones legales pertinentes de acuerdo con la normativa vigente. Además, se estipula que la Fiscalía deberá proporcionar informes trimestrales sobre los avances de la investigación, en cumplimiento de sus competencias.

La comisión investigadora, compuesta por once diputados y presidida por Ximena Arispe, presentó un detallado informe que incluye hallazgos serios y conclusiones sobre las irregularidades denunciadas. Entre los delitos que podrían estar involucrados se encuentran la conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles.

El informe indica que la llegada y comercialización de gasolina desestabilizada en Bolivia no es un hecho aislado, sino resultado de una serie de decisiones políticas y normativas, así como de omisiones administrativas y déficits técnicos. Esto forma parte de las conclusiones expresadas en el segundo apartado del documento.

Asimismo, se han identificado posibles responsables por las deficiencias mencionadas, encontrando fluctuaciones irregulares en los montos asignados como “premio” en los contratos de compra de combustibles entre YPFB y entidades transnacionales.

Durante el proceso de investigación, la Comisión Especial mantuvo reuniones y solicitó información tanto escrita como oral a diversas autoridades. Entre ellas se incluyen representantes de YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y varias instancias gubernamentales como la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.