Bolivia se convierte en uno de los países con el diésel más caro de Sudamérica

Bolivia, que históricamente ofreció uno de los precios de diésel más accesibles en Sudamérica, ha registrado un notable aumento en su costo, situándose actualmente entre los más altos de la región. Tras la eliminación de la subvención el 18 de septiembre, el precio por litro se ha fijado en Bs 17,95, aproximadamente $us 1,63, basándose en datos de Global Petrol Prices al 19 de septiembre. Este cambio coloca a Bolivia en el segundo puesto de precios más elevados, por detrás de Perú, donde el litro se vende a cerca de $us 1,96.

Este cambio en la política de precios marca un cambio significativo en comparación con la estructura que ha prevalecido durante casi 20 años. Desde 2006, el diésel se había vendido a Bs 3,72 por litro, con el Estado cubriendo la diferencia entre el precio interno y el costo de importación. En 2010, se intentó aumentar el precio a Bs 6,80, pero esa decisión fue revertida tras una oleada de protestas conocidas como el 'gasolinazo'.

La subvención al diésel se convirtió en una carga económica significativa para el Estado, acumulando en 2023 un costo total de Bs 12.678 millones, de los cuales la mayoría, Bs 12.477 millones, fueron destinados a diésel y gasolina, de acuerdo con información del Ministerio de Economía divulgada por ABI. El Gobierno justificaba esta política diciendo que ayudaba a mitigar el impacto de los precios internacionales sobre el transporte y el costo de vida.

El panorama comenzó a cambiar debido a una crisis de abastecimiento y la escasez de divisas para la importación de combustibles. En 2025, se reportaron largas filas y problemas de suministro, afectando incluso a sectores productivos que enfrentaron dificultades para acceder al diésel necesario para la siembra, cosecha y transporte.

Con la eliminación del subsidio, el Gobierno de Rodrigo Paz promueve un sistema de precio único que, según argumentan, busca aliviar la presión fiscal y abordar la crisis de abastecimiento. Este cambio representa el fin de una política que durante años mantuvo artificialmente bajo el precio interno del combustible, pero que también ha implicado una creciente carga para las finanzas públicas.

La medida busca reducir la presión fiscal y enfrentar los problemas de abastecimiento.

La eliminación del subsidio no solo refleja un cambio en la política económica, sino que también puede tener implicaciones significativas para la población, cuyo costo de vida podría verse afectado ante el aumento de los precios del combustible y, por ende, del transporte y otros productos esenciales.