Las autoridades han identificado que las cárceles en Bolivia, específicamente Palmasola, El Abra y Chonchocoro, se han convertido en centros desde donde se ordenan asesinatos. Los internos utilizan medios de comunicación clandestinos para llevar a cabo estas coordinaciones delictivas, lo que ha generado una alarmante ola de sicariato en el país.
En respuesta a este grave problema, el Gobierno nacional, a través del viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, ha señalado la urgencia de implementar medidas que eviten que los penales sirvan como oficinas de crimen organizado. Se está trabajando en colaboración con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para llevar a cabo un proyecto de bloqueo de señales dentro de las cárceles.
La medida principal incluye la instalación de equipos inhibidores que cortarán toda comunicación telefónica y digital desde los recintos penitenciarios, con el apoyo de la cooperación internacional. Esta estrategia busca reducir la criminalidad y desarticular las redes que operan desde dentro de las cárceles.
El Gobierno también ha anunciado la construcción de nuevos centros penitenciarios como parte de su plan para mejorar la seguridad en el sistema carcelario. Se prevé la edificación de un complejo en Chonchocoro, otro en Palmasola, uno más en Arani y un centro de alta seguridad en el altiplano.
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