Crisis en el gobierno de Kast por reducción de penas a condenados por delitos sexuales

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció este lunes que su gobierno cometió un grave error al reducir las penas de 56 condenados por delitos sexuales, la mayoría de ellos relacionados con abusos a menores. Durante un discurso desde el Palacio de La Moneda, Kast enfatizó que no hay justificación para que una víctima tenga que enfrentar la liberación anticipada de su agresor.

Kast también se refirió a que entre los beneficiados por la medida había al menos dos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Afirmó: "A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes o algunos adultos y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló".

A pesar de asumir la responsabilidad por esta situación, que ha ocasionado la peor crisis política desde que asumió el poder hace siete meses, Kast decidió mantener en su puesto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien firmó los decretos que redujeron las penas. El presidente argumentó que Rabat está trabajando para corregir el problema y debe liderar las soluciones necesarias.

Los decretos que favorecieron a estos condenados fueron firmados entre marzo y septiembre de este año, y se dieron a conocer a través de medios de investigación, provocando un escándalo que llevó a la oposición y a organizaciones de derechos humanos a exigir la renuncia del ministro Rabat. Sin embargo, el presidente optó por no destituirlo, argumentando que eso no solucionaría el problema.

La situación es particularmente crítica dado que una ley aprobada en 2022 excluye explícitamente a los pederastas de recibir beneficios por buena conducta. El ministro Rabat intentó justificar la decisión señalando que los beneficiarios fueron condenados antes de la entrada en vigor de esta legislación y apelando a la jurisprudencia de la Corte Suprema.

A pesar de los argumentos de Rabat, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aclaró que la responsabilidad de los decretos es del propio ministro. Esto ha generado una gran ola de críticas hacia la gestión de Kast, quien había prometido proteger a la infancia y enfrentar la delincuencia con firmeza.

La administración de Kast, que ya enfrenta una desaprobación del 66% según encuestas recientes, ha sido severamente cuestionada, especialmente después de que el 92% de los ciudadanos se manifestara en contra de la medida que benefició a los condenados. En respuesta, el presidente anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso para corregir el "vacío legal" que permitió esta situación, mientras se suspenderán nuevos decretos relacionados con la reducción de penas.