Cuestionamientos a la Nueva Ley de Inversiones: Seis Inconsistencias Reveladas

Omar Rilver Velasco Portillo, analista del ámbito económico, ha expresado su preocupación por el nuevo proyecto de Ley de Inversiones promovido por el Gobierno, señalando una serie de contradicciones que podrían comprometer su efectividad.

Uno de los principales puntos que critica es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI). Velasco cuestiona el propósito y las funciones que cumplirá esta entidad en los primeros 120 días de su existencia, período durante el cual debería elaborar un Plan de Inversiones.

Velasco también dirige su atención a los incentivos que el proyecto otorga a las empresas transnacionales. Según su análisis, no se establecen requisitos mínimos en cuanto a inversión, generación de empleo, transferencia de tecnología o retorno de divisas al país, lo que podría derivar en una falta de compromisos por parte de estas empresas.

Asimismo, el analista critica las exenciones fiscales propuestas, como los beneficios en el IVA y gravámenes arancelarios, además de créditos sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Velasco advierte que estas medidas podrían resultar en una merma de los ingresos fiscales sin que existan mecanismos claros para compensar esta pérdida.

En cuanto a la repatriación de utilidades y dividendos de empresas extranjeras, Velasco señala que la normativa no establece un mínimo de reinversión en Bolivia ni proporciona garantías para el retorno de divisas generadas por exportaciones, lo que podría representar un riesgo para la economía nacional.

Finalmente, el analista critica la limitación del papel de la Asamblea Legislativa en la aprobación de contratos de inversión, sugiriendo que el proyecto propone una ratificación de contratos ya negociados por el Ejecutivo, contraviniendo las disposiciones constitucionales que otorgan a la Asamblea ciertas atribuciones en la materia.

Por último, Velasco considera preocupante que el proyecto permita al Gobierno destinar recursos públicos para financiar programas de crédito, garantías y coinversión en el sector privado, especialmente en un contexto de déficit fiscal que enfrenta el país.