Cuestionan restricciones de visitas en cárcel de máxima seguridad ecuatoriana

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil anunció que una jueza ha elevado a la Corte Constitucional una consulta sobre la legalidad de las restricciones impuestas a las visitas familiares en la Cárcel del Encuentro. Esta prisión fue inaugurada en noviembre de 2022 y se destina a líderes de bandas criminales bajo el Gobierno de Daniel Noboa.

La acción de protección fue presentada el 24 de agosto por el CDH junto a familiares de los internos, quienes manifestaron no haber podido comunicarse con sus seres queridos desde su traslado. A pesar de presentar múltiples recursos legales, estos han sido desestimados o ignorados.

La jueza ha indicado que la restricción de visitas, que ha estado vigente por varios meses sin un reglamento claro, podría ser incompatible con la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales de derechos humanos. El Ministerio del Interior emitió un reglamento el 12 de septiembre, dos días antes de la audiencia inicial para esta acción.

Este reglamento establece que las visitas, tanto presenciales como telemáticas, estarán limitadas a los internos clasificados como de "riesgo alto" en el régimen penitenciario especial. Además, se puntualiza que sólo se permitirán visitas telemáticas en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas.

El CDH argumenta que esta normativa no corrige las violaciones de derechos que han ocurrido anteriormente y plantea una nueva cuestión sobre si una regulación de este tipo puede restringir el contacto familiar, un derecho fundamental consagrado en la constitución.

La Cárcel del Encuentro, modelo inspirado en la estrategia de Nayib Bukele en El Salvador, alberga no solo a criminales, sino también a políticos como el exvicepresidente Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.