Del Granado enfatiza la necesidad de respeto constitucional en la ampliación del estado de excepción

El diputado Juan Del Granado Cosio se manifestó en relación al debate sobre la posible extensión del estado de excepción, subrayando que todo procedimiento debe adherirse rigurosamente a la Constitución Política del Estado (CPE) y a la Ley 1740 que regula estas situaciones excepcionales.

En su declaración, el legislador afirmó que las directrices para implementar y extender un estado de excepción no deben ser objeto de interpretaciones arbitrarias, ni deben ser alteradas en función de las coyunturas políticas del momento.

Del Granado recordó que la potestad de declarar un estado de excepción corresponde al presidente del Estado a través de un Decreto Supremo, y cualquier ampliación también requiere de una solicitud formal ante la Asamblea Legislativa.

"El Presidente debe solicitar la autorización para extender el estado de excepción, justificando las razones y circunstancias que sustentan dicha medida", destacó Del Granado.

El legislador precisó que la Ley 1740 permite que el estado de excepción tenga una duración máxima de 90 días, y su ampliación debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los legisladores presentes en la Asamblea.

Asimismo, el diputado cuestionó la facultad de las comisiones legislativas para solicitar o declarar un estado de excepción, argumentando que esto podría alterar el equilibrio de poderes establecido por la Constitución y comprometer el rol de control que tiene la Asamblea.

Finalmente, Del Granado instó al presidente a rendir cuentas ante la Asamblea sobre los motivos que llevaron a la declaración inicial del estado de excepción, así como sobre las decisiones tomadas y las facultades ejercidas durante su vigencia. Si se considera necesaria una prórroga, el Ejecutivo deberá explicar las razones por las cuales persisten las circunstancias que justifican la continuación de esta medida.

Este pronunciamiento de Del Granado se produce en un contexto donde el Gobierno busca extender el estado de excepción por otros 90 días, cuyo plazo actual finaliza esta semana y cuya continuidad será evaluada por la Asamblea Legislativa.