El Decreto Supremo 5693 y sus Implicaciones en el Sistema Financiero

El reciente Decreto Supremo 5693, promulgado por el Gobierno de Rodrigo Paz, introduce medidas temporales para apoyar a entidades financieras que, a partir del 31 de julio de 2026, enfrentan desafíos para mantener niveles mínimos de solvencia en un contexto económico complicado. La meta oficial de esta norma es prevenir un deterioro adicional y asegurar la continuidad de los servicios financieros en el país.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta normativa es la autorización para utilizar el Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, establecido en 2026 y financiado por el 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y de las entidades PYME. Este fondo fue originalmente diseñado para mejorar el acceso a financiamiento, incluyendo garantías para la construcción de vivienda social y créditos para la producción.

Con el nuevo decreto, el fondo puede emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial para aquellas entidades que estén luchando con su solvencia. Estos certificados tendrán una validez de hasta 90 días. Esto implica que recursos que anteriormente se destinaban a facilitar garantías para créditos ahora podrán ser utilizados para reforzar el patrimonio de los bancos.

Este cambio en la normativa provoca un debate esencial sobre la situación del sistema financiero. Si hay instituciones que requieren un respaldo extraordinario para mejorar su solvencia, esto podría indicar que el problema es más profundo de lo que parece. Sin embargo, el decreto no necesariamente sugiere que estemos ante una crisis bancaria sistémica, ya que se necesitaría información adicional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y del Gobierno para confirmar tal situación.

Así, la decisión de permitir la utilización de este fondo para fortalecer bancos puede tener consecuencias tanto políticas como sociales. Los recursos que deberían facilitar el acceso a vivienda y a créditos productivos ahora se podrán redirigir temporalmente para ayudar a entidades financieras que enfrentan dificultades.

La incógnita que surge es clara: ¿se está protegiendo al sistema financiero para evitar una crisis más seria o se están sacrificando fondos destinados a la vivienda y a la producción para cubrir problemas de solvencia en los bancos?