La situación del abastecimiento de combustible en Bolivia se ha vuelto insostenible, con largas filas que reflejan una realidad preocupante. La dependencia del momento en que una cisterna llega a un surtidor no puede seguir siendo la norma. Para erradicar el desabastecimiento, es fundamental reconocer que el Estado no puede cumplir múltiples roles en un mercado que no logra funcionar adecuadamente.
Durante años, la respuesta gubernamental ha consistido en implementar más controles, permisos y autorizaciones, lo que ha derivado en una creciente burocracia y en la concentración de poder. Este modelo no solo genera escasez, sino que también alimenta la corrupción y el privilegio.
La necesidad de abrir el mercado para mejorar la oferta.
Es imperativo transformar esta estructura y permitir una mayor participación del sector privado, tanto nacional como internacional, en el mercado de combustibles. Las entidades que cuenten con las capacidades necesarias para importar y comercializar combustible deberían poder hacerlo, siempre que cumplan con estándares de calidad y seguridad, sin la necesidad de intermediarios.
Fomentar la competencia resulta esencial para diversificar la oferta y mejorar el servicio al consumidor. En un entorno donde operan diversos proveedores, los ciudadanos pueden optar por mejores alternativas y los comerciantes deben esforzarse por ofrecer precios y servicios competitivos.
No se trata de eliminar al Estado, sino de redefinir su función. El rol del gobierno debería centrarse en regular y fiscalizar, garantizando la calidad y la equidad de las reglas para todos los actores del mercado.
El verdadero desafío radica en la voluntad política de abrir el sistema. Bolivia debe decidir entre mantener un modelo ineficiente que perpetúa la escasez y la burocracia, o tener el valor de implementar un cambio radical que beneficie a todos los ciudadanos.
Cada día que pasa sin una solución al desabastecimiento impacta negativamente en la vida de miles de personas y en la productividad del país. Las propuestas ya están en la Asamblea Legislativa, y es esencial priorizar su análisis para encontrar una solución que permita liberar el abastecimiento de combustibles y terminar con el ciclo de escasez.
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