El Gobierno evalúa cerrar varias empresas estatales

La administración de Rodrigo Paz se encuentra en un proceso de reestructuración del sector empresarial estatal, donde se contempla la posible clausura, liquidación o transformación de distintas entidades que no cumplen con criterios de sostenibilidad. Según la evaluación realizada por el Ministerio de Economía, se estima que entre ocho y diez empresas podrían verse afectadas por esta revisión.

José Gabriel Espinoza, el ministro de Economía, indicó que se llevarán a cabo diagnósticos técnicos para identificar qué empresas tienen la capacidad de seguir operando y cuáles representan una carga significativa para las finanzas del país. Esta evaluación se enmarca en el mecanismo aprobado dentro del PGE Reformulado 2026, que permite llevar adelante procesos de reorganización, disolución y liquidación.

La preocupación por la situación financiera de diversas entidades es un factor clave en esta iniciativa. La Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) ha señalado que 15 empresas están en quiebra técnica, acumulando pérdidas que rondan los Bs 3.637 millones. Entre las más críticas se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).

Como parte de esta reestructuración, se realizará una reducción de Bs 3.800 millones en los aportes de capital a las empresas estatales, lo que forma parte del plan del Gobierno para contener el déficit fiscal. Espinoza aclaró que el objetivo no es necesariamente cerrar empresas de forma automática, sino evaluar cuál sería la opción más viable: mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas a otros niveles de gobierno, asociarlas con el sector privado o proceder a su liquidación.

Entre las empresas bajo evaluación se encuentra una dedicada a la producción de papas fritas en El Alto, que podría enfrentarse a la posibilidad de ser cerrada, transferida o asociada en un esquema de colaboración público-privada, dependiendo de los resultados de la revisión.

Este ajuste en el sector empresarial estatal busca reducir una estructura que durante años ha implicado un alto costo para el Estado. Las empresas que permanezcan deberán demostrar su capacidad de operar sin representar una carga para los recursos públicos.