Estados Unidos revoca visas de fiscal general y otros funcionarios bolivianos por corrupción

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha decidido revocar las visas del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y de otros funcionarios públicos, debido a su supuesta participación en actos de corrupción relacionados con el narcotráfico. Esta decisión también afecta a los familiares directos de los acusados.

El anuncio fue realizado en un documento titulado "Restricciones de visado para ciudadanos extranjeros que socavan gobiernos democráticamente elegidos en países del hemisferio occidental", que incluye a un total de 12 bolivianos. Entre ellos se encuentran tres fiscales, tres jueces, un magistrado constitucional, un exmagistrado de la Suprema Corte, un exministro de Justicia, un exejecutivo de Aduanas, un coronel de la Policía y un empresario.

Posicionamiento de EE.UU.

Estados Unidos ha aplicado esta política a otros países de la región, como Colombia, Ecuador y Perú, argumentando que las acciones corruptas que socavan gobiernos democráticos representan una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en América.

El comunicado del Departamento de Estado menciona a Mariaca en particular, acusándolo de haber aceptado sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y de colaborar con criminales para evadir la justicia, lo cual compromete los esfuerzos del gobierno estadounidense en la lucha contra el narcoterrorismo.

En respuesta a estas acusaciones, Roger Mariaca ha señalado que la revocación de su visa está relacionada con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público contra el exasesor presidencial Fernando Cerimedo y los casos conocidos como ‘Narcomaletas’ y ‘Gasolina basura’.

Reacciones internas en Bolivia

Tras el anuncio de EE.UU., los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, respectivamente, sugirieron que Mariaca debería separarse de su cargo durante el período de investigación. Ávila afirmó que esto permitiría que las indagaciones se realicen de manera independiente, sin interferencias.

Ambos legisladores han solicitado a la Cancillería boliviana obtener información oficial de Estados Unidos sobre las denuncias que recaen sobre el fiscal general, subrayando la importancia de esclarecer la situación para proteger la imagen del país.