Gobernación de Oruro demanda al Gobierno central el financiamiento del bono de riesgo

La Gobernación de Oruro ha manifestado que el financiamiento del bono de riesgo, que corresponde a la gestión 2026, debe ser responsabilidad del Gobierno central. Esta afirmación se basa en lo estipulado por la Ley Nº 1771, que ha generado un conflicto alrededor del cumplimiento de este beneficio para los trabajadores de la salud pública en el departamento.

El secretario departamental de Asuntos Jurídicos, Omar Calizaya Choque, explicó que la nueva ley altera la responsabilidad sobre el financiamiento del bono. En este sentido, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Quilo Dorado, informó que se ha hecho un ajuste presupuestario para reunir el monto necesario, aunque el gobernador ha expresado su disposición para cubrir el beneficio mientras se resuelve la situación con el Ministerio de Salud.

Los trabajadores de salud consideran el bono de riesgo como una conquista histórica y han estado movilizándose ante la falta de respuestas adecuadas. La Gobernación ha ofrecido apoyo para gestionar ante el Ministerio de Salud, pero la situación sigue sin una solución clara, lo que podría perjudicar la atención en los centros de salud.

Según Calizaya, el 1 de septiembre se había acordado que la Gobernación asumiría el bono si hasta el 15 de octubre no se promulgaba una ley que definiera su financiamiento. Sin embargo, la promulgación de la Ley 1771 antes de esa fecha ha cambiado las condiciones, dejando a la Gobernación sin la obligación de efectuar el pago.

La ley establece que el costo del bono será cubierto por el Ministerio de Salud, lo que plantea un dilema a las autoridades de Oruro. Por su parte, Rodolfo Pita Romero, del Sindicato Urbano de Trabajadores en Salud, criticó la falta de respuesta tanto de la Gobernación como del Gobierno central, y señaló que, según información del Ministerio, el pago se realizaría recién a partir de la gestión 2027.

El bono de riesgo, establecido hace más de 30 años, ya había sido programado en el presupuesto departamental para ser pagado el 6 de julio. Ante la falta de solución, la Gobernación instó a los trabajadores a gestionar el pago directamente con el Ministerio de Salud, ofreciendo acompañamiento en las gestiones necesarias.

La disputa sobre el financiamiento del bono de riesgo resalta la necesidad de un acuerdo claro entre la Gobernación de Oruro y el Gobierno central, dado que la falta de consenso podría afectar significativamente la atención médica en la región.