Gobierno evalúa nuevas reducciones en subvenciones tras acuerdo con el FMI

El Gobierno de Bolivia, liderado por Rodrigo Paz, está en proceso de evaluar la posibilidad de disminuir otras subvenciones gubernamentales, además de eliminar el subsidio a los combustibles, en el contexto de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta revisión podría afectar a sectores clave, como la energía, lo que tendría repercusiones directas en los costos que asumen tanto los hogares como las empresas.

La alianza con el FMI establece una política orientada a la reducción gradual de subvenciones y a la contención del gasto público, como parte de un ajuste fiscal que busca abordar el déficit del sector público, considerado uno de los problemas más críticos de la economía nacional. El programa de ajuste fiscal proyecta una reducción del 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2026 y 2029.

En cuanto a los combustibles, el acuerdo establece que en 2026 se mantendrán los precios internos, pero a partir de enero de 2027, se empezará a avanzar hacia la recuperación de costos. Asimismo, se prevé que el Presupuesto General del Estado para esa gestión no incluya recursos para subsidiar estos combustibles.

El alcance del acuerdo se extiende más allá de los combustibles, ya que también propone la eliminación progresiva de controles de precios sobre productos esenciales como alimentos y energía. Además, se plantea una racionalización en la inversión pública, una reducción en el gasto estatal y una reestructuración de las empresas públicas que no sean viables financieramente.

El Gobierno sostiene que estas medidas son parte de un programa de estabilización fiscal que se desarrollará en un período de 36 meses. El acuerdo con el FMI incluye un financiamiento de alrededor de $us 1.900 millones, y se espera que facilite la obtención de recursos adicionales de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

La preocupación principal radica en el impacto que estas medidas tendrán sobre la población. A medida que el Gobierno busca disminuir el peso de las subvenciones en las finanzas públicas, la eliminación o reducción de estos apoyos podría trasladar una mayor carga de costos de la energía y otros servicios a los consumidores y empresas.

De este modo, el acuerdo con el FMI no solo se limita a los subsidios de diésel y gasolina, sino que la revisión de otras subvenciones abre un nuevo capítulo en el ajuste económico, afectando potencialmente el bolsillo de los ciudadanos bolivianos.