Impacto de la eliminación de la subvención al diésel en Bolivia

La eliminación total de la subvención al diésel, que actualmente se vende a Bs. 9,80, podría llevar su precio a un rango de entre Bs. 17 y 20. Esto generaría un aumento significativo en costos de producción y transporte, lo que a su vez se reflejaría en un incremento de precios en bienes y servicios, exacerbando la inflación y disminuyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos.

La economía boliviana, que ya mostró una contracción del PIB del 1,58% en 2025 y se prevé una caída del 3,6% para 2026, enfrentaría una menor actividad económica en el corto plazo. Los sectores que dependen intensamente del diésel, como el transporte y la agricultura, tendrían que absorber estos costos o trasladarlos a los consumidores, lo que implicaría una reducción en la demanda.

Impacto en las finanzas públicas y empresas.

En términos de finanzas públicas, el Estado podría experimentar un alivio fiscal, ya que dejaría de cubrir la diferencia entre el costo internacional y el precio interno del diésel. Se estima que el ahorro podría llegar a unos $us. 2.000 millones anuales. Sin embargo, este ahorro podría verse contrarrestado por mayores gastos en transporte público y compensaciones a sectores vulnerables, lo que complicaría la mejora fiscal.

Las empresas, especialmente las vinculadas al transporte, agroindustria y minería, enfrentarían un aumento en los costos de hasta un 83%. Esto podría llevarlas a incrementar precios, reducir márgenes o buscar mejoras en productividad para mitigar el impacto.

Efectos en las familias y medidas de mitigación.

Los hogares, principalmente aquellos de menores ingresos, serían los más perjudicados, pues destinarían una mayor parte de su presupuesto a alimentos y transporte. La eliminación de la subvención sin un apoyo específico podría resultar en una caída del salario real, generando un efecto inflacionario que afecte su capacidad de compra.

Para mitigar los efectos negativos de esta medida, se proponen tres acciones clave: establecer compensaciones temporales para hogares de bajos ingresos, proteger sectores críticos como el transporte público mediante ayudas condicionadas y destinar los ahorros generados hacia inversiones que estabilicen la economía y fortalezcan la protección social.

En conclusión, la eliminación de la subvención al diésel es un paso que podría ser necesario para corregir distorsiones económicas, pero su éxito dependerá de cómo se gestionen los ahorros y se garantice un suministro sostenido de combustible sin que esto signifique un aumento drástico en el costo de vida para las familias más vulnerables.