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Sociedad

Informe de la Defensoría del Pueblo alerta sobre minería ilegal en Bolivia

Por Édgar Choquevillca·28 Sep 2026

Informe de la Defensoría del Pueblo alerta sobre minería ilegal en Bolivia

El informe de la Defensoría del Pueblo, emitido el 28 de septiembre, advierte sobre las serias vulneraciones a los derechos humanos que provoca la minería ilegal en Bolivia. La entidad hace un llamado al Estado para que implemente medidas efectivas que salvaguarden tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades impactadas.

Este documento, titulado "Análisis defensorial integral sobre las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos y de la Madre Tierra ante la expansión extractiva de la minería ilegal", fue entregado al Poder Ejecutivo y Legislativo para abordar las problemáticas evidenciadas en torno a la minería.

El informe resalta la contaminación por mercurio en regiones amazónicas, así como los efectos nocivos de las actividades mineras en la salud, el agua y los ecosistemas. Además, se menciona la crisis que enfrentan las comunidades indígenas, quienes requieren de información y justicia ambiental.

La Defensoría del Pueblo subraya la importancia de fortalecer la fiscalización y el control ambiental, así como de asegurar la participación de las comunidades en decisiones que afectan su entorno. Se enfatiza que el Estado debe asumir la responsabilidad de implementar estas recomendaciones.

Dentro de los antecedentes que se analizan en el informe, se incluye el cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el mercurio, así como decisiones judiciales recientes que buscan proteger los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.

Recomendaciones clave

  • Incrementar las acciones de prevención y control ambiental.
  • Asegurar consultas previas, libres e informadas a las comunidades afectadas.
  • Fortalecer la protección de los defensores del medio ambiente.

La Defensoría del Pueblo se comprometió a realizar un seguimiento a las acciones propuestas, resaltando que la situación actual no solo es un problema ambiental, sino que ha escalado a una crisis de derechos humanos que requiere atención inmediata por parte del gobierno.