Intervención de YPFB por 180 días: el Gobierno toma control ante deficiencias operativas

El Ejecutivo nacional ha decidido intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días, motivado por las deficiencias observadas en sus operaciones. Esta medida busca fortalecer la cadena logística relacionada con la importación y distribución de carburantes.

La intervención está regulada por el Decreto Supremo 5697, que fue aprobado el 1 de septiembre y establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria. Esta comisión tendrá la responsabilidad de supervisar la gestión de YPFB durante el tiempo que dure la intervención.

Condiciones de la intervención

El plazo de intervención puede extenderse una única vez por 90 días adicionales, siempre y cuando las causas que motivaron esta acción persistan. Sin embargo, también existe la posibilidad de que finalice antes de los 180 días si se logran superar las deficiencias identificadas.

La intervención se justifica por las "deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes", que generan riesgos para la seguridad energética y el interés público. Es importante destacar que esta medida no implica la disolución de YPFB ni un cambio en su estructura jurídica.

La Comisión de Intervención estará conformada por ministros de varios sectores, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministro de Transparencia. Sus principales tareas incluirán la mejora en las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.

Entre las atribuciones de la comisión se contempla la posibilidad de recomendar auditorías a la cadena logística de YPFB y la identificación de irregularidades como contrabando o desvío de combustibles. También podrá sugerir la incorporación de expertos y solicitar apoyo de entidades de control.

Por último, el presidente de YPFB y su personal están obligados a colaborar con la comisión proporcionando la información que esta requiera. El incumplimiento de esta obligación podría acarrear responsabilidades legales y administrativas.