Investigación revela implicaciones de administraciones Arce y Paz en el escándalo de 'gasolina basura'

El diputado Carlos Alarcón, quien forma parte de la comisión que investiga el caso de la 'gasolina basura', ha indicado que el informe de dicha instancia asigna responsabilidades a funcionarios de las gestiones de Luis Arce y Luis Fernando Paz.

Este estudio será discutido en los próximos días por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá el rumbo de la investigación, centrada en la calidad del combustible y los contratos asociados a su provisión.

Alarcón mencionó que entre los implicados se encuentra el exmandatario Luis Arce Catacora, así como los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, además de altos funcionarios de YPFB, como Wilson Dorgathen.

"Es evidente que ambos gobiernos tienen responsabilidad en este asunto", enfatizó el legislador, quien también subrayó que cualquier intento de modificar o ignorar las conclusiones del informe debe estar debidamente justificado. Esto, en clara alusión a la presidenta de la comisión, diputada Ximena Arispe, a quien cuestionó por la gestión del informe.

Uno de los puntos críticos que destacó Alarcón es el contrato entre YPFB y la empresa Ditol, establecido durante el gobierno de Dorgathen. Este acuerdo sufrió cuatro modificaciones durante la administración de Arce y fue ampliado por la actual gestión mediante una quinta enmienda el 17 de diciembre de 2025, justo cuando se eliminó la subvención a los combustibles.

El diputado cuestionó la decisión del nuevo Gobierno de extender el contrato en lugar de buscar alternativas para adquirir combustibles de mejor calidad, de acuerdo con el precio internacional del mercado.

La ampliación del contrato permitirá que continúe vigente hasta el 30 de junio de 2026, momento en el que la provisión del combustible estará ligada al escándalo de la 'gasolina basura'.

Este caso es de suma importancia debido a su impacto en la economía nacional, ya que involucra a la principal empresa estatal en el sector de hidrocarburos y afecta el suministro de combustibles, elemento crucial en la economía boliviana.

Alarcón también expresó su descontento por el retraso en el tratamiento del informe, que permaneció un mes en la Presidencia de la Cámara Baja antes de ser considerado.

Finalmente, el informe se presentará al pleno de Diputados, donde se evaluarán las conclusiones y se determinará si se deben asumir responsabilidades políticas o administrativas, o bien, si se deben adoptar otras medidas en el marco de la investigación. La situación pone de nuevo en evidencia la gestión de los contratos de importación de combustibles, en un contexto donde el costo y disponibilidad del diésel y la gasolina afectan directamente a la población.