Investigaciones por irregularidades en YPFB llevan a propuestas de acciones legales y críticas de legisladores

La situación en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se ha tornado crítica tras las acusaciones de cobros irregulares en la venta de diésel. Los legisladores han reaccionado con firmeza, señalando que estos hechos representan actos de corrupción que deben ser investigados a fondo.

La diputada Lissa Claros, del partido Libre, afirmó que 'YPFB está infiltrada por funcionarios corruptos' y cuestionó la falta de acción del gobierno frente a estas irregularidades. Por su parte, el diputado Edgar Zegarra exigió al Gobierno que aclare la situación en la estatal petrolera, denunciando que a los productores se les estaría cobrando 2 bolivianos adicionales por cada litro de diésel.

Desde la bancada de Unidad, también se llamó a realizar una investigación exhaustiva y a identificar a los culpables de estos presuntos actos ilícitos. Los legisladores coincidieron en que es urgente actuar para frenar este tipo de irregularidades que afectan a los ciudadanos.

En respuesta a estas denuncias, el vicepresidente Edmand Lara anunció su intención de presentar una denuncia penal, subrayando que 'no puede ser que con recursos del Estado se esté extorsionando a la gente' para abastecer de combustible a las gasolineras, refiriéndose a los cobros de 2 bolivianos.

Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, advirtió sobre las implicaciones económicas de estas irregularidades, estimando que se podrían estar generando coimas millonarias, con un impacto de 26 millones de bolivianos diarios, lo que equivale a unos 3 millones de dólares.

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, aseguró que ya se están llevando a cabo investigaciones sobre estos temas y se tomarán las medidas necesarias para desmantelar las estructuras de corrupción que perjudican la calidad del combustible y su disponibilidad en el país.

Estos acontecimientos se dan en un contexto de escasez de diésel, donde los ciudadanos han expresado su frustración por la situación. Un denunciante, a través de un video en redes sociales, lamentó que antiguos funcionarios estén solicitando pagos adicionales a productores y empresas para garantizar su acceso al suministro de diésel.