OEA analiza conflictos sociales en Bolivia: Gobierno propone protocolos de protección de derechos

El Gobierno de Bolivia se reunió con la Comisión Policial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir los efectos de los 53 días de conflictos sociales que se vivieron en el país entre mayo y junio. Este encuentro, que se llevará a cabo hasta el viernes, tiene como objetivo establecer acciones conjuntas de prevención y colaborar en la reinstitucionalización de la Policía Boliviana.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, subrayó la importancia de la cooperación con los organismos de seguridad de otros países miembros de la OEA. Esta colaboración busca garantizar que las manifestaciones en el futuro respeten los derechos humanos, asegurando el derecho a protestar sin afectar los derechos de libre tránsito y el acceso a servicios esenciales como salud y abastecimiento.

"Para que los próximos conflictos, que ojalá no hayan conflictos sociales en este país, estén enmarcados en la preservación de los derechos humanos de que pueden protestar, pero no lastimar los derechos de los otros".

Oviedo también recordó las serias consecuencias de las movilizaciones pasadas, mencionando que muchas ciudades se vieron afectadas en términos de suministros básicos: "No nos olvidemos nunca que han habido ciudades que se han quedado sin oxígeno, sin alimentos, sin transporte, sin atención médica". Destacó que muchas de las muertes registradas estuvieron vinculadas a las carreteras bloqueadas durante las protestas.

En relación al narcotráfico, el ministro admitió un aumento en los cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba, lo que contrasta con los esfuerzos contra el crimen. Sin embargo, resaltó que la nueva administración policial ha logrado desmantelar más de 80 avionetas asociadas al narcotráfico y ha desarticulado varios laboratorios de producción de drogas.

Sobre la explosión ocurrida en el cuartel Simón Bolívar en Viacha, Oviedo explicó que el caso se investiga a través de dos vías oficiales distintas. Confirmó que un portavoz de las Fuerzas Armadas, el general Héctor Alejandro Alarcón, está encargado de comunicar los avances, mientras que el Ministerio Público ejecuta las diligencias legales necesarias para esclarecer lo sucedido.