Preocupación en Oruro por posible alza en precios del GLP tras el vencimiento de la subvención

La Federación de Juntas Vecinales de Oruro (Fejuve) ha expresado su firme oposición a cualquier aumento en el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) ante la inminente finalización del Decreto Supremo N.º 5667, que establece la subvención estatal hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta situación ha generado una profunda preocupación entre los vecinos, quienes temen que un eventual incremento en los precios afecte directamente su economía.

Freddy Saramani, representante de la Fejuve, subrayó la inquietud que genera el contenido del mencionado decreto, que podría allanar el camino para la eliminación de subsidios al GLP. Según Saramani, este cambio podría tener un impacto devastador en los hogares que dependen de ingresos diarios, especialmente en un contexto donde ya se enfrenta el aumento de la canasta familiar.

Durante su intervención, Saramani también criticó la falta de diálogo y socialización en la toma de decisiones relacionadas con la política de subsidios. Destacó que es fundamental llevar a cabo un debate constructivo sobre el futuro de la subvención, dado que las reservas de gas están disminuyendo. Sin embargo, enfatizó que cualquier modificación debería implementarse de manera gradual, evitando medidas que afecten de inmediato a la población.

El dirigente de la Fejuve indicó que están considerando movilizaciones si el Gobierno persiste en su intención de eliminar la subvención. “Si el Gobierno continúa con esta política, no tendremos más opción que salir a las calles para ser escuchados”, advirtió Saramani.

El Decreto Supremo N.º 5667, que fue promulgado el 30 de julio de 2026, extiende la subvención estatal al GLP mediante un mecanismo de compensación fiscal, con el propósito de mantener estables los precios de la garrafa de gas en el mercado interno y asegurar la seguridad energética del país. Sin embargo, la proximidad de su vencimiento ha suscitado temores sobre un posible ajuste en los precios del gas que podría hacerse efectivo a partir de 2027, dejando a las familias orureñas en una situación de vulnerabilidad económica.