Preocupación por posible abuso en liberación anticipada de presos en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reveló un plan la semana pasada para implementar liberaciones "condicionales" o "anticipadas" de hasta un 50% de cerca de 10.000 detenidos considerados como colaboradores "ocasionales" de las pandillas, lo que genera preocupaciones sobre la justicia y la integridad de los procesos judiciales.

Organizaciones de derechos humanos han calificado esta medida de "discrecional". Alertan que podría inducir a personas inocentes a aceptar culpabilidades para lograr su liberación, comprometiendo así su verdadera inocencia.

Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, enfatizó que los inocentes no deberían verse obligados a aceptar procesos abreviados ni a confesar delitos que no cometieron, ya que muchos de ellos nunca tuvieron vinculación con actividades delictivas.

Liliana Urias, del Movimiento Madres por la Libertad, expresó su descontento, indicando que su familia nunca ha estado involucrada con pandillas y demandó que los procesos legales de los detenidos se cierren de manera que se reconozca su inocencia en lugar de ser sujetos a condiciones.

Salvador Ruiz, del Comité de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, acusó al Gobierno de intentar "silenciar" a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ya que si aceptan culpabilidad, sus casos no podrían ser presentados ante organismos internacionales.

Según la organización Socorro Jurídico, se estima que alrededor de un tercio de los 93.000 detenidos en los últimos cuatro años de régimen de excepción podrían ser inocentes. Además, datos de la fiscalía indican que casi el 90% de los arrestados aún no han sido procesados y han permanecido incomunicados por años.

Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas, cuestionó la autoridad del Gobierno para ejecutar estas liberaciones, acusando a Bukele de sobrepasar sus competencias. Las organizaciones también exigen una compensación para los detenidos de forma arbitraria y respuestas sobre las más de 500 muertes ocurridas bajo custodia estatal.

A pesar de que la estrategia de "guerra" contra las pandillas de Bukele ha logrado disminuir los homicidios a niveles históricos y cuenta con el respaldo de gran parte de la población salvadoreña, las denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos continúan siendo una grave preocupación.